Un estudio publicado en Science 2024 estima que, más de la mitad de la población mundial, 4.400 millones de personas, carecen de acceso seguro al agua potable. Con esta nueva cifra, la meta de lograr el acceso universal al agua potable para 2030, establecida en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, se vuelve cada vez más inalcanzable.
La escasez de agua es definida como una situación en la que la disponibilidad del recurso en una región es insuficiente para satisfacer las demandas de su gente. En este caso, presentada de forma física, por su insuficiencia, como económica, debido a la ausencia de infraestructura y capital para acceder al agua disponible.
La ONU advierte que, para 2030, la demanda global de agua podría superar la oferta en un 40%, como resultado del cambio climático, crecimiento demográfico, y deficiencias en los sistemas de distribución.
Para ilustrar, los sectores productivos de alto consumo, como la industria de la moda, requiere enormes cantidades del recurso, usando aproximadamente 3.781 litros de agua para producir un solo pantalón.
Ciertamente, la crisis hídrica no afecta por igual a todos los países ni a todas las regiones. Las zonas rurales, en particular, enfrentan mayores desafíos debido a la falta de infraestructura para almacenar, purificar y distribuir el agua. Naciones como Pakistán, Etiopía, Yemen, México e India se acercan al llamado «Día Cero«, el punto crítico en el que el suministro de agua se agota.
En este contexto, el banco Goldman Sachs ha advertido que el agua se convertiría en el “petróleo del siglo XXI”, al tratarse de un recurso cada vez más escaso y estratégico. Desde una perspectiva económica, poner un precio más alto al agua implicaría revalorizarla. Esto favorecería mejoras en los sistemas de riego, así como incentivar a los gobiernos a invertir en infraestructura hídrica más eficiente.
No obstante, encarecer el agua también tendría efectos adversos, al aumentar el costo de los productos básicos, afectaría la competitividad de ciertas industrias e incluso podría provocar el cierre de empresas. Además, el impacto sería desproporcionado para las poblaciones de bajos ingresos.
El agua, a menudo subestimada por su aparente abundancia, tiene un valor incalculable. Cuando escasea, su importancia se vuelve evidente. En 2010, la ONU reconoció oficialmente el acceso al agua potable e higiene como un derecho humano, por ello, asignar un valor económico a un recurso esencial plantea dilemas éticos, ya que quienes más sufrirán las consecuencias de su escasez serán, en todo momento, las comunidades más vulnerables.
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