A comienzos de enero, el gobierno de Gabriel Boric ingresó el proyecto de negociación multinivel, que buscaba fijar estándares mínimos por sector. El 3 de marzo, la Comisión de Trabajo lo aprobó en general con los votos del oficialismo de entonces y la abstención de la DC. El 17 de marzo, ya con José Antonio Kast en La Moneda, un oficio lo retiró de tramitación.
El ministro de la Segpres, José García Ruminot, sostuvo que la negociación iba «en la dirección contraria» a crear empleo y negó presiones empresariales. La oposición habló de retroceso, y Lorena Pizarro, diputada perteneciente al partido comunista anunció que evaluaría recurrir al Tribunal Constitucional. Eric Campos, que actualmente se desempeña como secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores de Chile, lo calificó de «gustito ideológico». Incluso la bancada comunista reconoció que el proyecto llegó «a última hora».
En el presente, los sindicatos de Minera Esperanza y Distrito Centinela de Antofagasta Minerals (grupo Luksic) y Escondida de BHP Group, rechazaron las últimas ofertas de sus empresas. Entre el 29 y el 30 de septiembre, Los tres sindicatos de la gran minería del cobre aprobaron la huelga. En Minera Esperanza y Distrito Centinela, votó a favor el 98,73% con el 100% de participación, sobre unos 708 trabajadores. En Escondida, los supervisores y staff lo hicieron con 955 de 1.007 votos emitidos.
La negociación reglada rige desde la Ley 20.940 de 2016, que fija un modelo por empresa. Los contratos duran entre dos y tres años, y la huelga se vota en los últimos cinco días de vigencia del instrumento o del plazo de negociación. Cada ciclo contractual reabre así la discusión salarial, y la votación funciona como el principal instrumento de presión sindical.
Para el abogado Sebastián Henríquez, del estudio Sanwall, que hoy trabaja en la negociación de Escondida, el proceso parte por un proyecto elaborado de la forma «más amplia y transparente posible», que recoja las propuestas de los socios. Luego viene la respuesta del empleador, que delimita el «piso mínimo» y da certeza a los trabajadores sobre los beneficios que deben resguardar.
Para Henríquez, el principal desafío de la legislación es el alcance del derecho a negociar. Explicó que un reciente dictamen de la Dirección del Trabajo emitido el 7 de agosto de 2026 restringe la negociación en empresas privadas que reciben aportes del Estado, y que trabajadores del Estado y confederaciones carecen de un mecanismo reconocido para hacerlo.
La prohibición de negociar colectivamente prevista en el artículo 304 inciso 3º del Código del Trabajo se configura por la circunstancia de que el presupuesto de una empresa o institución, pública o privada, haya sido financiado en más del 50% por el Estado, en cualquiera de los dos últimos años calendario, directamente o a través de derechos o impuestos, cualquiera sea el título, la modalidad o la denominación bajo la cual los recursos hayan sido entregados, y sin que resulte exigible que dicho financiamiento se encuentre establecido nominativamente, respecto de la entidad de que se trate, en la ley de presupuestos del Sector Público.
La raíz del conflicto es salarial: 1500 mineros pertenecientes al sindicato N°1 de Minera Distrito Centinela ganarían más por tareas idénticas, lo que califican de trato discriminatorio. La empresa se habría negado a ajustar esa brecha. El 29 de septiembre, los dirigentes se manifestaron frente a las oficinas de Antofagasta Minerals en Santiago, la CUT y la Federación Minera de Chile respaldaron la protesta.
Sobre las brechas entre trabajadores que cumplen funciones similares, Sebastían Henríquez distingue dos vías. En lo individual, el Código del Trabajo da herramientas contra la discriminación, sobre todo de género, pero admite diferencias por criterios presuntamente objetivos, como la experiencia o el tipo de cargo. Por eso, afirma, la principal herramienta es la negociación colectiva, que permite un abordaje más integral.
Desde el lado sindical, Óscar Villarroel, presidente de FESUMIN, la federación de supervisores sostiene que las demandas no se agotan en sueldos y bonos: incluyen la homologación entre quienes hacen funciones equivalentes, la estabilidad laboral y la seguridad. Recordó que el año pasado más de 15 trabajadores murieron en faena.
El Sindicato N°2 de Supervisores y Staff Minera Escondida, vinculado a la federación FESIN BHP, rechazó la oferta de la mayor mina de cobre del mundo, con un 94,8% por la huelga. Acusa a la empresa de ofrecer cero reajustes en remuneraciones fijas y variables, jornadas de 14×14, polifuncionalidad y bonos de término bajo el mercado. Reclama que la compañía desconoce su aporte a utilidades «multimillonarias».
En Escondida, afirma Villarroel, la discusión sobre participación en los resultados ya está presente. A su juicio, el alto precio del cobre y el buen desempeño operacional de BHP deben reflejarse en la negociación, y la distribución de resultados no puede «reducirse solamente a un bono de término», que describió como una forma de cerrar el proceso.
Lo que viene. Aprobada la huelga, cualquiera de las partes tiene cuatro días para pedir la mediación obligatoria de la Inspección del Trabajo, que dura cinco días hábiles y puede extenderse otros cinco. Solo si fracasa, la paralización se hace efectiva. Ese calendario deja abierta una ventana de negociación hasta mediados de octubre, y en ese lapso la empresa puede mejorar su oferta.
Para Sebastían Henríquez abogado de Sanwall, quien advierte que la votación de la última oferta o huelga es un momento clave: si no hay acuerdo, el empleador debe presentar una oferta, lo que transparenta las posiciones y mide el respaldo a la organización sindical. También ayuda a identificar puntos controversiales y resolverlos, eventualmente, en una mediación ante la Dirección del Trabajo.
Las consecuencias. Un conflicto prolongado golpearía la producción en un momento de precios del cobre en máximos, y la ley obliga al sindicato a mantener equipos de emergencia y prohíbe reemplazar a los huelguistas. Si el daño a la economía o a la salud es grave, un tribunal puede ordenar reanudar faenas. Durante la huelga los contratos se suspenden y los trabajadores dejan de percibir sueldo, lo que también presiona al sindicato.
Según el artículo 355 del Código del Trabajo, durante la huelga se suspende el contrato de trabajo, por lo que los trabajadores no están obligados a prestar servicios ni el empleador a pagar remuneraciones, beneficios y regalías. En el Ordinario N°16, del 5 de enero de 2023, la Dirección del Trabajo precisó que esta regla se mantiene con independencia de cómo esté distribuida la jornada, pues esta se encuentra mensualizada, de modo que los trabajadores en huelga no devengan sueldo mientras dure la paralización.
El Artículo N°359 Servicios mínimos y equipos de emergencia, indica que sin afectar el derecho a huelga en su esencia, durante esta, la comisión negociadora sindical estará obligada a proveer el personal destinado a atender los servicios mínimos estrictamente necesarios para proteger los bienes corporales e instalaciones de la empresa y prevenir accidentes, así como garantizar la prestación de servicios de utilidad pública, la atención de necesidades básicas de la población, incluidas las relacionadas con la vida, la seguridad o la salud de las personas, y para garantizar la prevención de daños ambientales o sanitarios.
Villarroel ubica la negociación en un escenario de precio histórico del cobre, con picos de 6,75 dólares por libra que, según dijo, nunca se habían visto y que elevan las expectativas. Los sindicatos, planteó, exigen que esos resultados y los avances de la industria se traduzcan en mejores condiciones para quienes sostienen la operación día a día en los yacimientos.
El dirigente reconoce, sin embargo, que los datos sectoriales tienen matices. Citó a Cochilco, que reportó que el mayor precio del cobre amplió los márgenes en 2025 respecto de 2024, aunque los costos operacionales también aumentan. Por eso, dijo, las negociaciones, que duran al menos tres años, deben sumar desafíos de productividad al reconocimiento laboral de los trabajadores y a la mejora de sus condiciones.
Villarroel pide entender la negociación no solo como confrontación o huelga, sino como una oportunidad de construir acuerdos. A los sindicatos que enfrentarán procesos en los próximos meses les recomienda unidad, preparación técnica y responsabilidad: una negociación, dijo, comienza al menos un año antes de sentarse a la mesa, con análisis del mercado, del instrumento vigente y de las necesidades de los socios.
Las votaciones de huelga en Esperanza, Centinela y Escondida revelan las tensiones de un modelo de negociación por empresa que, tras el retiro del proyecto multinivel, deja a cada sindicato negociando por separado y expone brechas internas como la del Sindicato N°1 de Distrito Centinela. Con el cobre en niveles históricos, crecen las expectativas salariales y la exigencia de participar en las utilidades, mientras las empresas advierten costos operacionales al alza. Aun así, la huelga aprobada opera sobre todo como herramienta de presión: la suspensión de los contratos, la obligación de mantener servicios mínimos y la mediación obligatoria, que abre una ventana hasta mediados de octubre, empujan a ambas partes a negociar. La experiencia indica que la mayoría de estos procesos se cierra con acuerdo antes de la paralización efectiva.
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